El mal menor

Es más fácil criticar lo que deciden otros que decidir cuando lo que se decide supone optar entre dos males. El ministro Rubalcaba asumió ayer la responsabilidad de conceder al recluso De Juana Chaos, en huelga de hambre desde noviembre, un régimen penitenciario equivalente al de prisión atenuada que le permitirá cumplir en su domicilio la parte de la condena de tres años por un delito de amenazas que tiene pendiente.
Se trata de una decisión muy impopular. Lo son todas las decisiones favorables a los etarras condenados por asesinato; mucho más las relativas a este preso, responsable de 25 muertes y autor de comentarios repugnantes sobre el placer que le producían determinados crímenes de ETA. Al decidir lo que ha decidido, Rubalcaba asume esa carga de impopularidad, reforzada por movilizaciones como la de la semana pasada de la AVT. El ministro explicó ayer sus razones. Lo hizo de manera algo sesgada, pero con argumentos de peso; y con el valor moral necesario para ir contracorriente en una cuestión cargada de emotividad a flor de piel.
Dijo el ministro haber tomado la decisión por razones legales y humanitarias. La ley no obliga a atenuar la prisión de De Juana, por lo que sería más exacto decir que la decisión entra dentro de lo que la ley permite, y aun esto con una interpretación favorable. Es esa interpretación la que encuentra su justificación en razones humanitarias. Es cierto que la situación de peligro de muerte en que se pone un recluso en huelga de hambre no puede equipararse a la del preso con una enfermedad terminal al que se concede el régimen abierto por presumírsele "escasa peligrosidad". Pero el riesgo para la vida de De Juana es real, según los médicos, y ello aconsejaba, según el ministro, aplicar el artículo del reglamento penitenciario que permite una flexibilización, en ciertas circunstancias, de la estricta clasificación en grados, combinando medidas de cada uno de los tres previstos en esa norma.
El dilema planteado, la elección entre dos males, no deriva de la flexibilidad en la aplicación de las normas, sino del hecho de que la decisión aparezca como respuesta al pulso planteado con la huelga de hambre. Según Acebes, el Gobierno ha cedido a ese chantaje, humillando a las víctimas de De Juana. Son palabras mayores. Muy posiblemente la medida no se habría adoptado sin el chantaje de muerte voluntaria. No hay por qué disimular esa realidad. Sin embargo, cualquiera que hubiera sido la solución habría tenido consecuencias indeseables, y tal vez los mismos que critican la adoptada habrían criticado también una que pasase por la muerte del preso en la cárcel, con efectos fáciles de imaginar.
El Estado, responsable de la vida de los presos bajo su custodia, estaba obligado a evitar la muerte, si había la posibilidad de hacerlo en los márgenes de la ley. Así lo recordaba ayer, en un auto muy medido de respaldo a la medida, el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Por otra parte, lo que se ha decidido no afecta al cumplimiento íntegro de la condena, que se mantiene, sino a las condiciones de cumplimiento de lo que resta de ella: 18 meses. Y la decisión no tiene nada que ver con la condena por los 25 asesinatos, que De Juana ya cumplió tras 18 años en prisión. Se trata del último preso de ETA que ha podido beneficiarse del antiguo sistema de redención por el trabajo, ya suprimido.

Editorial el Pais
02/03/2007